Ahora que está tan de moda el término transversal vamos a examinar el que se puede considerar unos de los juicios mas transversales de los que tengo conocimiento: el juicio por las black cards de Bankia.
Esta transversalidad se logra a base de investigar a personajes de todos los órganos de poder del Estado español: políticos de todos los partidos, sindicalistas, empresarios, asesores de la casa real,… A todos aquellos que jamás veremos llegar a un acuerdo en una negociación, los hemos visto juntos en otro lugar en el que la gran mayoría nunca deberían haber estado: un Consejo de Administración de una entidad financiera camino de la quiebra repartiéndose el dinero que parece ser, no les correspondía.

Si hay dos características en los delitos que causan especial repugnancia, el primero sería la violencia empleada en la comisión del mismo, y el segundo lo innecesario del mismo. En este caso hemos hecho pleno, los investigados en este caso son muy afortunados económicamente hablando, además en un alto porcentaje no lo son ni por sus conocimientos financieros ni por sus méritos profesionales, lo son por formar parte de distintas estructuras de poder que mantenían esos elevados estatus de vida a costa de los impuestos de los ciudadanos a los que deberían representar.
La segunda característica también se cumple, parece ser que no se usó la violencia física, pero creo que no se puede negar que en una situación de crisis, como la que disfrutábamos en ese momento, que un grupo de privilegiados en una entidad en quiebra se diese el lujo de robar de esta manera es un caso de violencia. Agravada además, ya que Bankia, cuartel general de todos estos licenciados de Wharton, tuvo que ser rescatada con dinero de todos y cada uno de los ciudadanos, a los que nos toca pagar nuestros impuestos en este país.
Algunos pensarán que es un juicio menor, realmente “solo” se robaron 12 millones de euros, pero son las características descritas anteriormente las que lo hacen especialmente repulsivo.

La denominación “black” se debe al secretario general del consejo de administración de Caja Madrid, Enrique de la Torre, quien, en una comunicación interna se refirió así a las mismas ya que estaban fuera del control de Hacienda.
Se empezaron a usar a finales de los años 80 pero lo que realmente se está investigando son aquellos gastos realizados a partir del año 2003 debido a la prescripción de los posibles delitos cometidos con anterioridad a esta fecha. Aunque no se pueden juzgar, la Fiscalía ha considerado que es a partir de la entrada de Miguel Blesa a la presidencia de Caja Madrid en 1996 cuando ser consejero era algo así como haberte encontrado la lámpara mágica. Estuvieron funcionando a pleno rendimiento cuando a Blesa le sucede Rodrigo Rato (¡madre mía en cuantos botellones le he defendido!) cancelándose la emisión de estas tarjetas con la llegada de José Ignacio Goirigozarri a la presidencia de Bankia.

En total hay 66 investigados, aunque fueron 83 los que usaron las tarjetas black, la explicación se debe a la prescripción comentada anteriormente y al fallecimiento de 3 de los usuarios de las tarjetas. A estos investigados, dependiendo del gasto que hicieron con las tarjetas y al dinero, que algunos de ellos han ido devolviendo, se les pide distintas condenas de cárcel que van desde 1 año a los 6 años de cárcel. El pódium de los más “gastones” son: Sanchez Barcoj (directivo financiero de Bankia) con 575.071€, en segundo lugar Moral Santín (representante de IU en el consejo) con 456.522€ y terminando con Ricardo Morado Iglesias (directivo de Bankia) con 450.000€.
Es en la defensa en la que este “grupo de amiguetes de lo ajeno” no se ponen de acuerdo, la gran mayoría alega que este dinero era parte de su retribución, es verdad que cuando uno es rico debe ser complicado hacer la declaración de la renta, pero que a tu empresa se le olvide declarar unos ingresos de tal cuantía es altamente sospechoso, más cuando un elevado porcentaje de los investigados son, o eran, altos cargos de la administración de Hacienda. El fiscal de este caso ha dejado muy claro que estas retribuciones nunca sufrieron la retenciones propias que todos sufrimos, ni estaban plasmadas en el contrato, ni se declararon jamás a Hacienda. La segunda línea de defensa considera que eran “gastos de representación”, esta línea choca con los mismo argumentos que esgrime la Fiscalía al ser considerados parte de la retribución, estropeándose todo, además, con la figura de Francisco Servando Verdú (consejero delegado nombrado por Rato) que rechazó la tarjeta alegando que los consejeros ya disfrutaban de gastos de representación que se tramitaban por los cauces normales de cualquier empresa. Junto a él merece la pena nombrar a otros tres consejeros que jamás usaron la tarjeta: Iñigo María Aldaz (directivo de Bankia), Esteban Tejera (presidente de Caja Madrid Seguros Generales) y Félix Sánchez Acal (representó a UGT, sindicato del que fue expulsado por no donar a la central las dietas que cobraba en el consejo).

Finalizando, es verdad que tal y como están los Juzgados últimamente, este no se puede considerar en términos de cuantía como uno de los grandes casos de corrupción, pero sí lo es por la repugnancia social que ha suscitado. Se juzga aquí la avaricia y el “reparto del cortijo” de unos pocos afortunados que alrededor de una mesa se repartieron el botín de un barco que naufragaba, con nombres propios como Rafael Spottorno (235.900€), jefe de la casa real durante el escándalo Noos, o Ricardo Romero de Tejada (212.200€), político del PP y supuesto autor del Tamayazo en la Comunidad de Madrid, nombres que nos hacen pensar que formar parte del Consejo de Administración de Caja Madrid/Bankia no era más que una forma de pago de favores debidos.

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Hector Fernandez

Licenciado en derecho, máster en gestión de carteras; profesional de absolutamente nada de eso. A falta de una asignatura de valores, que cada uno juzgue las actuaciones que en esta sección se examinan

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